Ejecución del alcalde de Uruapan desata crisis de seguridad en el gobierno de Sheinbaum
El asesinato de Carlos Manzo durante una celebración del Día de Muertos en Michoacán ha generado conmoción nacional y cuestionamientos a la política de seguridad federal.
El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado la noche del sábado mientras encabezaba los festejos del Día de Muertos en un parque municipal repleto de familias. El ataque, ocurrido ante cientos de asistentes, dejó atónita a la población y ha puesto bajo presión al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que enfrenta su primera gran crisis en materia de seguridad desde que asumió el poder en octubre pasado.
Manzo, de 40 años, había sido electo en 2024 como candidato independiente y se había convertido en una figura popular por sus denuncias contra la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Caballeros Templarios en la política michoacana. Sus declaraciones también alcanzaron al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, del partido oficialista Morena, a quien acusó de tolerar la influencia criminal en la región.
Conmoción social y política
El asesinato provocó un fuerte impacto social. Durante el velorio de Manzo, su esposa, Grecia Quiroz, aseguró que su esposo fue asesinado “por atreverse a desafiar al crimen organizado” y prometió continuar su legado. “Carlos fue el único que levantó la voz. No lo silenciaron, su lucha sigue viva”, expresó ante cientos de asistentes.
El diario La Voz de Michoacán reportó que el funeral se realizó en medio de un ambiente de dolor y enojo. Los asistentes exigieron justicia con consignas como “Fuera el gobierno corrupto y asesino” y “México tiene familias destrozadas por la violencia”.
El evento se tornó tenso cuando el gobernador Ramírez Bedolla acudió a presentar sus condolencias, pero fue recibido entre gritos de “¡Fuera asesino!” y tuvo que retirarse escoltado. Una mujer incluso lo abofeteó al ingresar a la sala velatoria.
Fallos en la protección
Fuentes de seguridad revelaron que el alcalde había recibido amenazas constantes y que había solicitado protección federal. Tras el crimen, la oposición acusó al gobierno de haberlo dejado desamparado. Sin embargo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que Manzo contaba con escoltas de la Guardia Nacional desde diciembre pasado, reforzados en mayo con 14 elementos adicionales y dos vehículos. Pese a ello, la custodia no logró evitar el ataque.
El homicidio ocurre apenas un mes después de que Sheinbaum destacara una reducción del 32 % en los homicidios durante su primer año de gobierno, cifra considerada histórica. No obstante, el crimen en Uruapan vuelve a exhibir el poder del narcotráfico en regiones donde la violencia no ha cesado en dos décadas.
Reacciones y protestas
Horas después del asesinato, cientos de manifestantes se congregaron frente al Palacio de Gobierno de Michoacán para exigir justicia y la renuncia del gobernador. Las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía, daños materiales, quema de mobiliario y detenciones.
Diversos sectores políticos condenaron el ataque. Analistas y medios coincidieron en que el caso de Manzo no se trata de un crimen más, sino de un episodio que pone a prueba la estrategia de seguridad del actual gobierno.
Contexto de violencia contra autoridades
Según datos de la prensa nacional, siete alcaldes han sido asesinados desde el inicio de la administración de Sheinbaum. Aunque la cifra es menor que en gobiernos anteriores, el episodio ha reavivado el debate sobre la eficacia de las políticas de seguridad y la protección a funcionarios locales.
El legislador oficialista Gerardo Fernández Noroña recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) fueron asesinados 45 alcaldes, cifra que aumentó a 85 durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Bajo los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, la tendencia se había reducido, aunque la ejecución de Manzo demuestra que la violencia política sigue siendo una realidad latente.