México define su prioridad ante operativos antinarco de EE.UU.

México define su prioridad ante operativos antinarco de EE.UU.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum citó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, tras los recientes operativos militares estadounidenses contra el narcotráfico en el Pacífico, los cuales han generado preocupación en la región.

De acuerdo con un comunicado oficial, Johnson fue convocado a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para ofrecer información detallada sobre el controvertido operativo en aguas internacionales que dejó un único sobreviviente. El encuentro, celebrado el martes por la noche, fue encabezado por el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, siguiendo instrucciones directas de la mandataria mexicana.

Según la Cancillería, la reunión tuvo como objetivo “fortalecer la cooperación bilateral” en materia marítima y establecer mecanismos de comunicación más eficaces entre ambos gobiernos, especialmente en operaciones que involucren jurisdicciones compartidas.

“En un ambiente de cordialidad, las partes coincidieron en que la principal prioridad es la salvaguarda de la vida humana en el mar, así como el respeto pleno a la soberanía nacional. Ambas delegaciones reafirmaron su compromiso con el entendimiento y la cooperación que históricamente han caracterizado la relación entre las dos naciones”, señala el comunicado oficial.

La víspera del encuentro, la Armada de México había coordinado una operación de “búsqueda y rescate marítimo” tras recibir una solicitud de la Guardia Costera estadounidense. La misión se originó luego de que el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, informara sobre “tres ataques letales” dirigidos a cuatro embarcaciones que presuntamente transportaban narcóticos en el Pacífico Oriental.

El informe estadounidense aseguró que la ofensiva dejó 14 “narcoterroristas” muertos y un sobreviviente. “Las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”, detalló Hegseth en un mensaje oficial.

Durante la reunión bilateral, las autoridades mexicanas reiteraron su compromiso de actuar “con profesionalismo, diálogo y cooperación institucional”, enfatizando que México mantiene un papel “constructivo, colaborativo y sólido en la seguridad marítima compartida” con Estados Unidos.


Bombardeos letales y tensiones regionales

Los recientes operativos letales de Washington han despertado alarma en varios países latinoamericanos. Desde el despliegue militar frente a las costas de Venezuela, anunciado en agosto, se han multiplicado las denuncias de ataques que Caracas califica como una “amenaza directa” a su soberanía.

Diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad y la proporcionalidad de las acciones estadounidenses, al señalar que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional humanitario.

En septiembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de impulsar una “guerra multiforme” con el fin de imponer un “cambio de régimen” y apropiarse de los recursos naturales del país sudamericano. “El 94 % del pueblo de Venezuela rechaza la amenaza militar de EE.UU. y a quienes llaman a una invasión”, aseguró el mandatario durante una alocución pública.

Más recientemente, Maduro informó sobre la desarticulación de una presunta operación de falsa bandera que, según testimonios de los detenidos, habría sido planificada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y ejecutada desde aguas de Trinidad y Tobago, con el propósito de justificar una acción militar contra Caracas.

Mientras tanto, no existen cifras oficiales claras sobre el número total de víctimas de los bombardeos estadounidenses contra las llamadas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico. Sin embargo, reportes de la prensa internacional estiman que los ataques han dejado más de 50 personas muertas en los últimos meses.

La semana pasada, uno de esos operativos cobró la vida de dos tripulantes y dejó a otros dos sobrevivientes —uno colombiano y otro ecuatoriano— acusados de tráfico de drogas. Ambos fueron repatriados a sus países de origen; uno de ellos fue liberado posteriormente por falta de pruebas.

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