Productores de limón bajo asedio en Michoacán: la violencia criminal asfixia al campo mexicano
En Michoacán, un estado del occidente mexicano tristemente célebre por la violencia del narcotráfico, los productores de limón viven bajo constante asedio. A los ya conocidos problemas de inseguridad en la región se ha sumado una ola de extorsiones, amenazas y asesinatos que ha encendido las alarmas entre agricultores, autoridades y organizaciones civiles.
Este territorio, reconocido internacionalmente por su alta producción de limón —especialmente del tipo persa, exportado en su mayoría a Estados Unidos— se ha convertido en un campo de batalla más entre grupos del crimen organizado, que buscan controlar no solo el tráfico de drogas, sino también industrias legales que generan ingresos millonarios.
Asesinato de un líder del campo
El reciente asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación Nacional de Citricultores, ha sacudido a la comunidad agrícola y evidenciado la gravedad de la situación. Bravo era una figura clave que, sin temor, había denunciado públicamente las extorsiones sistemáticas que sufren los limoneros en Michoacán. Su homicidio no solo representa una tragedia personal y colectiva, sino también un golpe simbólico para quienes aún intentan resistir el control de los cárteles.
Desde hace más de un año, al menos cinco productores han sido asesinados en la región, según medios locales. Las víctimas, como Bravo, habían alzado la voz contra los cobros ilegales impuestos por los grupos criminales y por ello fueron blanco de represalias.
Extorsiones: un negocio criminal en expansión
El negocio del limón ha dejado de ser simplemente agrícola. Hoy, para muchas organizaciones criminales, representa una fuente de ingresos casi tan valiosa como el tráfico de drogas. Desde el cultivo hasta la distribución, los cárteles imponen cuotas por cada kilo producido, empacado y comercializado. En los últimos meses, denuncian los agricultores, estas extorsiones se han duplicado.
Los grupos criminales con presencia en la zona —entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras y células asociadas— se disputan el control del territorio y del comercio de limón, elevando el nivel de violencia y generando una crisis de seguridad que paraliza al sector.
Muchos productores se han visto obligados a detener sus actividades por miedo a represalias, mientras otros optan por pagar las cuotas exigidas, resignados ante la falta de protección del Estado. Las protestas del gremio, aunque crecientes, han tenido una recepción limitada por parte de las autoridades.
Reacción del gobierno
Tras el asesinato de Bravo, el gobierno federal reaccionó rápidamente. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de un presunto extorsionador identificado como Rigoberto “N”, señalado como uno de los principales responsables del cobro de “cuotas” a los productores en la zona de Apatzingán.
«Las investigaciones continúan hasta tener a todos los responsables», declaró Harfuch a través de la red social X (antes Twitter), prometiendo justicia para las víctimas y mayor seguridad para los agricultores.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó el caso durante su conferencia matutina, calificando el asesinato de Bravo como “muy triste y lamentable”. La mandataria subrayó que «tiene que haber justicia en este, como en todos los casos, pero en particular en este», haciendo un llamado a reforzar las acciones contra la impunidad y la violencia rural.
Un problema estructural
Aunque la reacción del Estado fue inmediata, los productores advierten que las soluciones siguen siendo superficiales y temporales. La presencia policial suele ser limitada o intermitente, y las amenazas persisten. Organizaciones agrícolas y defensores de derechos humanos insisten en que se necesita una estrategia integral que ataque el problema desde sus raíces: el abandono del campo, la corrupción institucional y la falta de alternativas económicas en zonas rurales.
En tanto, los limoneros siguen cosechando bajo amenaza, atrapados entre la necesidad de sobrevivir económicamente y el riesgo latente de convertirse en una nueva estadística de la violencia que no cesa en Michoacán.