Al menos 383 cuerpos acumulados, de los cuales solo 36 han sido identificados; cientos de familias enfrentan la angustia de no saber el paradero real de sus seres queridos y dos personas han sido detenidas, enfrentando posibles condenas de hasta 17 años de prisión.
Ese es el saldo preliminar del impactante hallazgo realizado en un crematorio de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, ubicado en la frontera norte de México, que ha generado una fuerte indignación a nivel nacional.
Durante las últimas dos décadas, la presencia de cuerpos sin identificar ha sido una constante en diversas regiones del país debido a la violencia relacionada con el narcotráfico. Sin embargo, este caso expone un problema diferente: actos de negligencia cometidos por personal funerario, fuera del contexto del crimen organizado.
El domingo pasado, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua reportó el descubrimiento de 381 cadáveres (una cifra que luego aumentó) apilados dentro de un crematorio privado. Algunos restos llevaban más de dos años abandonados en el lugar, lo que sugiere que a numerosas familias se les entregaron cenizas falsas.
«Estamos empezando el proceso de identificación. Había que devolver dignidad a los cuerpos de inmediato, porque lo que encontramos fue algo estremecedor, una escena terrible y difícil de procesar», señaló César Jáuregui, fiscal general del estado, en declaraciones a la radio.
Jáuregui también relató que, durante el operativo, se sorprendieron al hallar los cuerpos amontonados en una habitación. Posteriormente, encontraron restos humanos dispersos por todo el establecimiento. Algunos cuerpos habían recibido procedimientos de preservación, pero ya estaban gravemente descompuestos y expuestos a roedores y otros animales.
Un “megafraude” funerario
Según el fiscal, las autoridades detuvieron a dos personas: un trabajador del lugar y el propietario del crematorio, quien intentó justificar la situación diciendo que se había acumulado el trabajo. Ambos fueron acusados de «inhumación ilegal» y «manejo inadecuado de cadáveres», delitos vinculados al servicio funerario que prestaban.
La ley mexicana contempla penas de hasta 17 años de cárcel para estos delitos. “Estamos ante un megafraude, porque muchas personas recibieron urnas con cenizas que claramente no correspondían a sus familiares. Esto es un hecho confirmado. Es una negligencia criminal de proporciones graves, una completa falta de ética y respeto hacia los restos humanos que se les confiaron”, declaró el fiscal.
Del total de cuerpos localizados, 218 corresponden a hombres, 149 a mujeres y 16 aún no han sido clasificados. Hasta ahora se han logrado identificar solo 36, y se estima que el proceso de identificación completa podría tardar al menos dos meses.
Mientras tanto, el dolor se intensifica. Varias familias que contrataron los servicios de este crematorio han protestado y se han reunido con las autoridades. Los testimonios recogidos por El Diario de Chihuahua reflejan la consternación y el sufrimiento.
Una de las afectadas, Irene Acosta, recibió hace nueve meses las supuestas cenizas de su esposo. Hoy, angustiada, se pregunta cómo fue posible que la funeraria mintiera. “No tienen corazón”, dijo con tristeza. Su hija lo describió como un momento devastador. Es el mismo sentimiento que comparten cientos de familias, que ahora solo quieren saber la verdad sobre sus seres queridos.