La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acusó formalmente a la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, de haber simulado su propio secuestro con el objetivo de exigir un rescate de 40 millones de pesos del erario y así cubrir un desfalco financiero dentro de su administración.
El Montaje del Secuestro
La Denuncia: La alcaldesa denunció que el 31 de mayo fue privada de su libertad al llegar a su domicilio por personas armadas a bordo de un vehículo rojo.
La Exigencia: Durante el supuesto rapto, los captores le habrían facilitado un celular para comunicarse con su familia y exigir el pago de 40 millones de pesos
El Falso Escape: La funcionaria declaró haber escapado tras un descuido de los delincuentes en San Pedro Zictepec, Tenango del Valle, para luego pedir auxilio.
Investigaciones y Cómplices
Las indagatorias de las autoridades mexiquenses determinaron que el círculo cercano de la edil organizó la simulación:
El Plan Familiar: Las líneas de investigación apuntan a que su esposo, José Roberto «N», y su cuñado, Óscar «N», coordinaron la logística y actualmente se encuentran prófugos con órdenes de aprehensión vigentes.
Detenidos: Se logró la captura en Oaxaca de tres presuntos cómplices particulares identificados como Karla Valeria «N», Víctor Manuel «N» y Christian «N», quienes habrían cobrado por participar en el montaje.
Motivación: El monto solicitado correspondía exactamente a un faltante de recursos públicos detectado en las finanzas del Ayuntamiento de Tenancingo.
Situación Legal Actual
La presidenta municipal deberá presentarse ante la autoridad judicial el 9 de julio, fecha establecida para su audiencia de formulación de imputación. En este acto legal, un juez determinará si enfrentará el proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva o si podrá seguir el juicio en libertad.
De acuerdo con la legislación penal correspondiente, los civiles involucrados enfrentan penas de hasta 16 años de prisión, mientras que las sanciones para servidores públicos por simulación de delitos pueden incluir hasta 700 jornadas de trabajo comunitario.