El Salvador se hunde bajo el peso de un autoritarismo que ya no disimula.
El reciente congelamiento de cuentas y bienes a los socios de El Faro no es un proceso legal legítimo, es un acto de venganza política.
Nayib Bukele ha pasado de la propaganda en redes a la asfixia económica y la persecución judicial para silenciar a quienes revelaron sus pactos oscuros con las pandillas.
Con más de 50 periodistas en el exilio y un desplome histórico en libertad de prensa, Bukele calca el guion de la dictadura nicaragüense.
Usar el aparato del Estado para espiar con Pegasus, auditar sin tregua y confiscar bienes personales es la respuesta de un régimen que le teme a la verdad. No es «justicia», es un intento desesperado por castigar al periodismo de investigación que no se arrodilla.
La democracia salvadoreña hoy es una fachada donde informar se ha convertido en un delito perseguido por el poder central. Mientras el mundo observa, la libertad muere bajo el silencio impuesto.